Poder Crítico: ¿Golpe de Estado?

Por Melissa Curá

El domingo 28 de junio del 2009 me desayuné con la noticia de que el hasta entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue destituido de su cargo, secuestrado por las Fuerzas Armadas de forma agresiva y violenta, allanando la residencia presidencial encapuchados con armas de alto calibre, amenazándolo de muerte y siendo trasladado a la fuerza a Costa Rica bajo las órdenes del Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia.

Los parlamentarios decidieron separar del cargo de presidente constitucional de la República de Honduras a Zelaya y nombrar en su lugar a la máxima autoridad del poder legislativo Roberto Micheletti "por el tiempo que falte para terminar el período constitucional que culminaba el 27 de enero del año 2010”.

Al asumir Micheletti decretó el toque de queda por 48 horas con posibilidad de ampliación, mientras se sucedían las protestas.

El gobierno transitorio fue nombrado por el Congreso Nacional, promulgaron que el procedimiento fue absolutamente legal bajo las leyes de Honduras, pero para parte de la población hondureña y la comunidad internacional casi en su totalidad, lo ha calificado como un claro golpe de estado que ha destruido la joven historia democrática del país ya que se trato de una situación de facto contra el presidente constitucional.

La crisis se originó luego de que Zelaya convocara a una consulta popular para decidir si los hondureños querían reformar la Carta Magna. Aparentemente Zelaya pretendía obtener una reforma constitucional que le permitiera presentarse para un segundo mandato de cuatro años; a favor de la consulta se encontraban las organizaciones obreras, estudiantiles y el partido de izquierda Unificación Democrática, pero se manifestaron contra la Iglesia Católica, la Corte Suprema, los dueños de los medios de comunicación y el propio Partido Liberal que llevó al poder a Zelaya, entre otros.

Encontrándose exiliado en Costa Rica, Zelaya condenó enérgicamente el golpe de Estado y llamó a la comunidad internacional a poner todo su empeño en la restitución del orden y el estado de Derecho en Honduras, pidiendo igualmente a la población que desarrolle una desobediencia civil pacífica contra el gobierno usurpador que le ha expulsado del país.

En las semanas posteriores al 28 de junio, el Congreso decretó un estado de sitio, suspendiendo garantías constitucionales de los ciudadanos, hubo movilizaciones en apoyo de ambos sectores; la OEA suspendió a Honduras como miembro de la organización hasta que el país restaure el gobierno democrático. Instituciones como el BID y el Banco Mundial anunciaron la suspensión de la ayuda financiera que otorgaban a Honduras así como también El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Venezuela y EE.UU.

Estas acciones han acentuado la división en la que se encuentra el país, sumido en un caos político y social histórico. Las Fuerzas Armadas hondureñas desplegaron un dispositivo preventivo con varios aviones de combate y con soldados en las calles de Tegucigalpa, donde la policía lanzó gases lacrimógenos contra simpatizantes de Zelaya que se manifestaban en el centro de la ciudad. Cortaron la electricidad, telefonía e internet del país. Otra de las medidas tomadas fue la prohibición de trasmisiones de cadenas internacionales dentro de Honduras. También fueron detenidos por fuerzas militares varios periodistas, quienes posteriormente los dejaron en libertad. Representantes de movimientos sociales simpatizantes de Zelaya y de los sindicatos de Honduras anunciaron una huelga general demandando su regreso al país.

Según medios locales y la policía, el territorio hondureño fue víctima de atentados contra instituciones y comercios realizados con el fin de provocar conmoción en la sociedad e inestabilidad en el nuevo gobierno.

Estas actividades de desestabilización incluirían la detonación de cuatro bombas en edificios de la capital, más otra que fue desmantelada en la sede de la Corte Suprema de Justicia, también incluyeron en las actividades de desestabilización el destrozo de vidrieras, manchas de paredes y saqueo de negocios.

Hasta el día de hoy no se si fue un golpe de Estado cívico-militar en contra de Zelaya o para defender los derechos del pueblo. Lo que si se pudo percibir es nuevamente una sociedad dividida, dejando en el olvido la elección del pueblo y alentando a desestabilizar una nación que estaba dando sus primeros pasos en las prácticas democráticas.